nulidad de la prueba

La debilitación y vaciamiento progresivo del art. 324 de la LECRIM y de sus efectos

Dos sentencias recientes abundan y extienden la tendencia que se observa en la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ha venido reduciendo los efectos del incumplimiento de los plazos del art. 324 de la LECRIM.

Por un lado, en la STS 317/2025, de 3 de abril (Ponente Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde) se analiza una primera declaración del investigado que se produce una vez superado el plazo máximo de instrucción. Dice la Sala que “aunque nuestra posición jurisprudencial ha sido rotunda en los supuestos de inculpación tardía por el debilitamiento que entraña respecto al derecho de defensa ( art. 118 LECRIM), no ha sido así en los supuestos con una simple declaración extemporánea del investigado.” Continúa señalando la Sala que “En estos casos, si el investigado no resulta sometido a una situación procesal de indefensión durante la fase investigativa, nuestra jurisprudencia ha proclamado que la actuación retrasada únicamente comporta el incumplimiento de una norma de legalidad Seguir leyendo

Por Francisco Banqueri Moreno|2025-04-25T11:58:17+02:0025/04/2025|Procesal penal|

Nulidad de las actuaciones de la AEAT sobre ejercicios respecto a los que ha prescrito su derecho a comprobar y liquidar. Trascendencia en el procedimiento penal

La STS 1182/2024, de 7 de enero de 2025 de la Sala de lo Penal (Ponente Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez) desestima el recurso de casación interpuesto por la AEAT contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que confirmó la absolución de la acusada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Badajoz, respecto a un delito contra la Hacienda Pública.

Tiene especial trascendencia la sentencia por sus pronunciamientos respecto a los diferentes plazos de prescripción del delito y del derecho a liquidar de la Agencia Tributaria, y los efectos de una actividad administrativa encaminada a comprobar, investigar o liquidar ejercicios prescritos.

Consta probado que la acusada había vendido el 11 de diciembre de 2009 un terreno rústico con una condición resolutoria. Hasta la firma de la escritura en diciembre de 2009 la compradora había abonado a la vendedora un millón de euros del precio. Ante el incumplimiento de uno de los pagos aplazados, la acusada instó Seguir leyendo

Por Francisco Banqueri Moreno|2025-02-17T13:43:57+01:0017/02/2025|Derecho Administrativo, Derecho Penal, Procesal penal|
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